?>
Policiales

Vivir con miedo a la policía

Martín Castro, David Moreno y Pablo González fueron asesinados por efectivos policiales. Sus familiares cuentan cómo es vivir sintiendo temor por la institución que tiene que protegernos a todos.

El problema de la inseguridad urbana tuvo como consecuencia directa la expansión del poder de la Policía, lo que muchas veces resulta en un ejercicio exagerado de la violencia, en abusos y arbitrariedades de los funcionarios policiales. Abusos que los jóvenes cordobeses conocen bien.

No es casualidad que en Córdoba la Marcha de la Gorra ya sea una tradición: hace siete años que los jóvenes de los barrios más humildes se organizan para hacer visible el abuso cotidiano al que son expuestos por la Policía, principalmente, por dos razones: son jóvenes, son pobres. Estos abusos no se detienen en acosos sistemáticos y en detenciones por “portación de rostro”, algunas veces suelen llegar a picos funestos. Algunos policías, miembros de una institución que debería proteger a los ciudadanos, se convierten en verdugos. Literalmente.

Hoy, en la Cámara 1ª del Crimen, se conocerá la sentencia por el caso de Martín Castro, el joven hincha de Talleres acribillado por balas policiales al salir de un clásico en el estado Mario Kempes, en 2005. Día a Día quiso recordar el caso de Martín, y aprovechar la ocasión para rescatar otros casos similares, como el del pequeño David Moreno, asesinado en diciembre del 2001; y el de Pablo Lucas González, acribillado hace 20 años en Río Cuarto.

Estos tres casos tienen similitudes. Como ya dijimos: sus asesinos son policías en actividad y portaban armas reglamentarias. Además, ninguno de los tres chicos estaba cometiendo delito alguno. No eran delincuentes. Pablo estaba llevando a su sobrino a casa en el auto, David se había acercado por curiosidad a un supermercado que estaba siendo saqueado y Martín salía de ver un partido de futbol. Los efectivos, en los tres casos, argumentaron que se trató de un error: de una consecuencia no buscada de su trabajo.

A Pablo, dijeron, le dispararon porque lo confundieron con un delincuente. A David, dijeron, lo mataron porque confundieron las balas de goma anti tumulto con balas de plomo. Lo mismo en el caso de Martín. ¿Hasta qué punto una muerte puede considerarse un simple error, una equivocación, un descuido?

Para responder esta pregunta hay que analizar quiénes suelen ser los “destinatarios” de estos errores o “daños colaterales” de la Policía. Siempre jóvenes, siempre de sectores empobrecidos. No hay casos de violencia institucional en sectores más altos. ¿Quiénes son las personas “matables”?

278 muertes en Córdoba. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), casi el 50 por ciento de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado son jóvenes menores de 25 años. La Correpi realiza, cada año, un relevamiento sobre casos de violencia institucional en el país, y reúne datos desde 1983 y hasta 2012. Córdoba está tercera en ese ranking fúnebre (después de Buenos Aires y Santa Fe), con 278 casos de muertes provocadas por las fuerzas de seguridad.

El 46 por ciento de los casos –a nivel nacional– se encuadra dentro del fenómeno llamado “gatillo fácil” (como los casos de Martín, David y Pablo); mientras que el 39 por ciento ocurrieron en situaciones de encierro: en cárcel, comisaria o bajo custodia (como denuncian que ocurrió recientemente con Jorge Reina en la comisaría de Capilla del Monte).

Una cuestión de formación. ¿Tiene algo que ver la formación de los policías con las prácticas del “gatillo fácil”? La antropóloga Natalia Bermúdez, quien está recabando datos sobre casos de violencia institucional en democracia, piensa que sí:

“La formación sobre derechos humanos que reciben los policías es muy básica, de manual, solamente teórica y muy poco vinculada a su prácticas. En 2005, el antropólogo norteamericano Paul Hathazy estuvo en Córdoba trabajando sobre las prácticas de la Policía, y vio cómo los cadetes aprendían a detener a un hombre caracterizado como un carrero. Es decir, no aprenden como hacer un procedimiento vinculando las nociones de derechos humanos”, explica Bermúdez.

Por esto, para la antropóloga, “la formación policial sobre el manejo de las armas no se puede centrar exclusivamente en una cuestión de cómo disparar mejor”.

Las prácticas de “gatillo fácil” responden, además de a una formación determinada (aprendizaje formal e informal, a través de “maestros” con más experiencia en la Fuerza), a una trayectoria: “Muchos policías que siguen en actividad han participado de alguna manera de la dictadura, y arrastran esas prácticas”, advierte Bermúdez. .

Familias rotas. Invitamos a los familiares de Martín, David y Pablo a nuestra redacción. Llegaron tristes, pero agradecidos de que volvamos a hablar sobre los casos de sus hijos, y con esperanza de que hoy, la condena contra los asesinos de Martín Castro “ejemplifique el accionar de la Policía”.

Los padres de Martín Castro (Alejandra y Jorge), los papás de David Moreno (Rosa y Luis) y la hermana de Pablo González (Alejandra) admitieron que todavía hoy, años después de esos crímenes, siguen sintiendo miedo frente a la Policía. Y bronca, por supuesto.

“Les tengo rechazo”, dice Rosa Moreno, mamá de David. “Cuando veo que hay un grupo de policías en la calle, lo primero que pienso es ‘acá puede haber problemas’. Es la sensación que le queda a uno”.

“La gente que vio lo que le hicieron a David tiene miedo de hablar en la causa contra la Policía, como testigos”, dice Luis Moreno, papá de David. “El chico que finalmente declaró lo hizo con mucho miedo. ‘Usted no sabe cómo son ellos’, les dijo a los jueces, señalando a los policías de la sala”.

Luis Moreno recuerda que, cuando él era chico, su madre le decía: “Si tenés algún problema, buscá a un policía”. “Yo ahora no puedo darle el mismo consejo a mis hijos, les digo que si ven a un policía, se escondan”, reconoce Luis.

“Tratan con mucho resentimiento a las personas que detienen”, agrega Alejandra Gonzalez, hermana de Pablo. “La violencia del policía se concentra hacia el joven, se abusan del poder”.

“La Policía primero reprime y después pregunta”, dice Jorge Castro, papá de Martín. “Yo tengo 50 años. En la dictadura, la Policía andaba cometiendo crímenes de civil. Pero la mentalidad no ha cambiado, ahora te matan con uniforme”, dice.

“A mi otro hijo lo trataron mal hace poco. Lo pararon porque venía de trabajar en una obra y venía con ropa de trabajo; le pegaban en un tatuaje que tiene el nombre de su esposa mientras le decían ‘¿Por qué te ponés eso?’”, cuenta Alejandra Castro, mamá de Martín.

Después, las voces se mezclan. Los familiares se sienten comprendidos entre ellos, que pasaron por experiencias tan espantosas, y comienzan a hablar entre todos, y a decir frases como “a los chicos los maltratan”, “los jóvenes están esperando que el policía los ataque”, “mi hijo adolescente les tiene un miedo bárbaro”, “los policías se cubren entre ellos”.

Alejandra, mamá de Martín, sintetiza lo que piensan todos: “Tenemos miedo pero no hay que callarse. Para ver si esto cambia. Nuestros hijos tenían el derecho de vivir”.

----------------------------------------

» Martín Castro (19) Hoy, la Cámara 1ª del Crimen dictará la sentencia por el crimen del hincha de Talleres, Martín Castro, quien cayó herido por balas de plomo disparadas aparentemente por el cabo Gabriel Alejandro Vivas (39) –por entonces chofer del ex subjefe de Policía Juan Antonio Pesci– durante incidentes ocurridos a la salida de un partido entre Belgrano y Talleres, en 2005.

Sus padres, Jorge y Mariana Castro, están devastados.

Aquel día, el 16 de abril de 2005, Martín estaba acompañado por su novia cuando un balazo policial le perforó un pulmón a la salida de un clásico entre Belgrano y Talleres. Según argumentó la defensa de Vivas (quien no estaba asignado al operativo de seguridad de aquel evento), el policía confundió los cartuchos de plomo con postas de goma y disparó contra la multitud que se retiraba del Estadio. Pasaron más de ocho años y quizá hoy el crimen deje de estar impune.

» Pablo González (20) El 11 de noviembre de 1993, Pablo fue baleado por un grupo de policías de civil, que realizaba un operativo. Dijeron que confundieron el auto que conducía Pablo –iba con su novia y su sobrino– con el vehículo de unos supuestos delincuentes. Lo frenaron a balazos.

Río Cuarto se movilizó pidiendo justicia, en dos multitudinarias marchas del silencio. “Pablo te queremos. Por vos, justicia”, decían las pancartas. Tres años más tarde comenzó el juicio. Los policías dijeron que “tiraron al bulto”. Dos policías fueron condenados. Walter Criado recibió 8 años y 6 meses de pena; y Gustavo Bergese, un año de prisión en suspenso y quedó libre. Su hermana, Alejandra González, dice que el dolor no se va.

» David Moreno (13) A finales de 2001, David Moreno estaba contento de haber finalizado el primer año en el Ipem 17. En la tarde del 19 de diciembre, David se enteró de que había lío en supermercado el MiniSol del barrio, que quedaba a cuatro cuadras de su casa, en Villa 9 de Julio, y allí fue, por curiosidad, junto a un amigo. Estaba Infantería para prevenir intentos de saqueo. Recibió cinco impactos de bala: cuatro de goma en distintas partes del cuerpo, y una de plomo, que quedó alojada en su nuca. Hay tres imputados: el principal, el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra. Es probable que el juicio se lleve a cabo el año que viene. “El daño es para toda la vida. Es sentarse en la mesa y pensar que David ya no está”, dice Luis, su papá.

--------------------------------------

La opinión de Natalia Bermúdez (antropóloga): Muertes “merecidas”, muertes no lloradas. Sospechas y acusaciones morales constituyen las primeras reacciones que enfrentan quienes acaban de perder a un joven en manos de la Policía. En el medio de un profundo dolor, los familiares de los asesinados –en su mayoría jóvenes, varones, de sectores empobrecidos–, deben disponer entonces de innumerables argumentos para limpiar el nombre del muerto, “no era un delincuente”, “era de buen corazón”, “mi hijo estudiaba”. Sin duda los enjuiciamientos morales restringen el ya intrincado acceso a la Justicia oficial y socavan las maneras en que las personas se conciben sujetos de derechos.

Provocativamente pregunto, pero ¿y si no fueran “inocentes”? Es que acaso ¿merecen “morir como perros”? Así me advirtió una joven tras la muerte de su amigo en un móvil policial, reparando en la animalidad con la que son tratados muchos jóvenes.

Existen personas consideradas “matables” en nuestras sociedades, ya lo han advertido otros autores. Las prácticas policiales en Córdoba fundadas en ciertas políticas de “seguridad” así lo demuestran. Los índices de casos de “gatillo fácil” aumentan bajo pretexto de error, “le tiré al bulto”, “pensé que era…”, buscan justificarse los agentes policiales apelando a lo que algunos creen justificable.

En este contexto se requiere de un gran trabajo social y simbólico extendido en el tiempo por parte de los familiares para inscribir esas muertes como un problema colectivo. De modo que en las calles de los barrios se pintan conmemoraciones en paredes, en carteles, en pancartas. Para no dejar anónima una muerte, para evitar las muertes no lloradas.

Como antropóloga sé que si bien las clasificaciones que hacemos sobre las personas, los objetos, las vivencias, nos sirven para ordenar el mundo, para entenderlo y abarcarlo; también dividen, fragmentan, etiquetan… y matan. No solamente cabría repensar entonces las políticas institucionales y estatales involucradas en su sentido más encarnado, sino que cabría reconsiderar nuestras prácticas cotidianas que clasifican, etiquetan, criminalizan y cancelan las alteridades, instituyendo al mismo tiempo profundas desigualdades, que no hacen más que agravar seriamente el problema de la “inseguridad”… y el transcurrir de nuestra condición humana.

Sumate a la conversación
Seguí leyendo